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martes, 27 octubre, 2020
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Solidaridad con nuestros productores de tomate

Cuando está en peligro nuestra productiva agroindustria tomatera, todos los mexicanos, incluido el actual gobierno, tenemos la obligación de apoyarla y defenderla ante los amagos de Estados Unidos de cerrar su mercado a nuestro fruto de gran calidad, o castigarle el precio con la aplicación de un arancel del 17.5 % como represalia por un presunto dumping inexistente que los grandes productores norteamericanos se sacaron de la manga, por así convenir a sus muy particulares intereses.

Esto no es nuevo, desde 1996 los estadounidenses intentaron aplicar un arancel del 17.56 % a nuestros tomates, argumentando el mismo pretexto del dumping, disputa que desde hace 23 años se solucionó cuando EE.UU. y México firmaron el llamado Acuerdo de Suspensión Dumping del Tomate Fresco, que se renovaría cada cinco años, por lo que debió haberse actualizado en 2017, pero en lugar de eso vino el amago.

Ahora, de nueva cuenta, el gobierno estadounidense que encabeza Trump amenaza con retirarse del pacto; mediante un comunicado del seis de febrero de 2019 a los medios de comunicación mundiales señala que la Bolsa del Tomate de Florida, compañía privada con sede en Maitland, pidió poner fin al acuerdo y reanudar la investigación «antidumping», en cuanto a los tomates frescos procedentes de México, acción que se aplica de inmediato, explicó Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, y todo indica que cumplirán su amenaza este 7 de mayo, que por decisión unilateral EE.UU. dejaría sin efecto el mencionado Acuerdo de Suspensión.

Mire usted todo lo que está en juego para México si el país del norte cumple su amenaza: De acuerdo a la información proporcionada en una reunión llevada a cabo en Guadalajara, el presidente del Consejo de Administración de la AMHPAC, Oscar Woltman de Vries, el vicepresidente de la AMHPAC, Félix Tarrats Zirión, así como el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Ulises Robles Gámez, y del Consejo Agrícola de Baja California, Salvador García, todos coinciden en que las consecuencias para la economía mexicana serían desastrosas si los estadounidenses dejan de comprarnos tomates.

Los representantes de más de 252 importantes agroproduc-tores de tomate y 70 patrocinadores, proveedores de bienes y servicios que integran la AMHPAC, son quienes cultivan esa hortaliza en unas 11 mil hectáreas protegidas en el noroeste de México y en otras latitudes como Querétaro, donde tienen establecidas nueve mil hectáreas, que exportan en conjunto 2.2 mil millones de dólares y que crece alrededor de 10 % anual gracias a su dinamismo, la tecnología de punta que aplican y la inversión y riesgo que aportan los productores, todo lo cual da por resultado un tomate mexicano de excelente calidad que tiene gran demanda en todos los mercados, especialmente en el estadounidense y esto significa un éxito de la agricultura mexicana.

Pues bien, según los expertos del tema que consulté, de no firmarse el multicitado acuerdo, el primer golpe para México sería que en un principio al menos el 30 % de los productores tomateros se irían a la ruina, perdiéndose gran parte del total de más de un millón y medio de empleos directos y un millón de indirectos que genera nuestra industria tomatera, lo que significaría una catástrofe.

El 80 % de nuestro tomate se va actualmente al mercado del país del norte, donde es muy apreciado, por lo que, de perder México ese mercado, nuestro tomate no tendría oportunidad de venderse en países de continentes tan distantes como Asia, Europa y parte de América, por la corta vida de anaquel de esta roja hortaliza que le impide los largos fletes por mar o por aire, según lo manifiesta el vicepresidente de la AMHPAC, Félix Tarrats Zirión.

Pero no sólo México resultará afectado de agudizarse este conflicto comercial, también se afectará al consumidor norteamericano, porque el arancel de 17.5% que pretenden aplicar a nuestro tomate repercutirá al consumidor final y porque muchas empresas norteamericanas resultarían perjudicadas, como las de transporte, los mayoristas, medio mayoristas, agentes aduanales y supermercados. Como se ve, de aplicarse el arancel, todos perderían.

Respecto del origen de este problema, en su momento los senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro y José Narro explican que los tomateros de Estados Unidos no son capaces de abastecer el mercado de su país ni superar la calidad del fruto mexicano, por lo que agricultores del Estado de Florida, de la mano del Departamento de Comercio, incitaron a derogar los acuerdos con México en el tema del tomate, esto aunado a que prácticamente 25% del fruto que se exporta en el mundo proviene de México y a que la horticultura mexicana incrementó en los últimos años entre 32 y 54 % su exportación de hortalizas al vecino país. Vistas así las cosas, el móvil estadounidense parecería que son ganas de joder a alguien contra quien no puede competir.

Visto desde esta perspectiva, el problema del tomate no es sólo de los agroproductores: es de todos los mexicanos, especialmente de nuestro gobierno, que tiene mucho que hacer y decir sobre este tema, pero se ve lento, porque si cede en este asunto del tomate, luego tendrá que doblar las manos en otro problema semejante en el que decida meternos el tío Sam. 

Lo ideal sería encontrar una negociación ganar-ganar, o pensar en un plan “b” que a juicio de muchos gremios de productores no existe, por lo que se debe insistir con energía para que el gobierno del país del norte acepte negociar, pero a estas alturas y dada la cerrazón del gobierno norteamericano, muchos de estos gremios ya consideran exigir al gobierno mexicano no ratificar el T-MEC, si se insiste en perjudicar a nuestra nación de la forma antes descrita.

Al cierre de esta edición la moneda aún sigue en el aire. Ya veremos qué ocurre en la reunión del 7 de mayo.

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