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jueves, 22 octubre, 2020
Inicio OPINIÓN Andrés Canales Leaño ¿Cómo va nuestro campo?

¿Cómo va nuestro campo?

El primero de julio de 2018 se efectuaron las elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador resultó electo Presidente de México, con una votación a su favor de las más grandes en la historia de la democracia mexicana. Al tomar posesión el primero de diciembre lanzó unas propuestas que llamaron la atención de sus electores: «Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad»; también anunció que con él arrancaba la cuarta transformación y enfatizó en esa fecha que «hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político».

Desde luego que pronunciamientos de este calibre generaron todo tipo de reacciones como la de José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) quién dijo respecto del nuevo gobierno: «Nadie sabe lo que va a pasar en el gobierno de AMLO. Las señales que ha dado hasta ahora es que su gobierno será errático y ambiguo», refiriéndose al polémico tema de los aeropuertos y a los recortes presupuestales, entre otros.

De ahí para adelante durante estos casi ocho meses de gobierno se ha dado en nuestro país una sucesión continua de confrontaciones en los que Tierra Fértil no se ha involucrado, porque no somos un medio dedicado a la política; nuestro tema es, ha sido y será el campo y desde esa perspectiva abordaremos lo más notable que ha pasado en los doce meses que van desde que el hoy Presidente López Obrador ganó la elección, hasta el inicio de este mes de julio de 2019.

De entrada el entonces virtual ganador de la elección presidencial anunció que a partir del 1 de diciembre implementaría un proyecto para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, lo que permitiría mejorar el medio ambiente y crear 400 mil empleos permanentes, cosa que aún no se concreta.

Ya como presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por apoyar a los pequeños productores, especialmente de granos, con dos propósitos centrales: asegurar la autosuficiencia alimentaria produciendo en nuestro territorio suficiente maíz, frijol, arroz y trigo para asegurar ingresos, subsidiados pero dignos, para quienes los producen, que son una gran cantidad de minifundistas pobres.

Este anuncio llegó aparejado a un considerable recorte al presupuesto de los fondos destinados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), antes SAGARPA, por un monto superior al 20 % (un poco más según Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario), lo que significa 14 mil 782 millones de pesos menos que lo ejercido en 2018, de acuerdo a lo que entonces anunció el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

Lo anterior fue calificado como preocupante por el mismo presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, quién el 18 de diciembre expresó que de reducirse el presupuesto se afectaría a los productores de todos los tamaños en su producción, acceso a la tecnología e incluso podría perderse el estatus fitosanitario que actualmente tiene México, que tanto esfuerzo, tiempo y dinero costó conseguirlo.

Por esas fechas el político jalisciense Arturo Zamora Jiménez señalo que «en el campo encontramos un claro ejemplo del credo estatista del nuevo gobierno que busca garantizar precios a cultivos no competitivos y subsidios al nuevo sistema DICONSA-LICONSA, que pinta para reconstruir, como habíamos anticipado, el fallido Sistema CONASUPO». Al final se constituyó el organismo denominado SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) al frente del cual quedó Ignacio Ovalle.

Tiempo después, el 7 de mayo, se dieron cita en Guadalajara un grupo de importantes dirigentes agroempresariales como Aldo Mares, presidente de ANEBERRIES, Ignacio González, presidente del Sistema Producto Aguacate del Estado de Jalisco, así como Gerardo García Menaut, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa y el presidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega Domínguez quién les dijo que «debemos hacerle entender al nuevo gobierno que hay que cuidar a toda la cadena productiva del campo, porque si no, nos vamos a empobrecer todos».

La CNA está de acuerdo con que se reduzca la pobreza, que exista menos desigualdad, combatir la corrupción y que existan oportunidades para todos, «pero queremos también que se definan políticas adecuadas para lograrlo que no afecten al sector agroalimentario del país», sentenció.

En los meses que van de este gobierno llama la atención el silencio del titular de SADER, que contrasta con las declaraciones del senador José Narro Céspedes, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Gran conocedor de la realidad de nuestro campo busca mejores condiciones para el 80 % de nuestros empobrecidos campesinos; propone que se legisle para darles personalidad jurídica a fin de que puedan ser sujetos de crédito y no solo receptores de apoyos.

El senador Narro Céspedes afirma que en seis años el campo se puede convertir en el motor de la economía nacional, incorporando al progreso a los productores del minifundio.

Nosotros creemos que es factible, tomando en cuenta que al inicio de este gobierno nuestro campo ya era el segundo generador de divisas para la economía mexicana.

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